Esta mañana la vocera interina de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), Ana María Calderón, en conferencia de prensa, dijo que presentó hoy pruebas ante la fiscalía en materia de corrupción por el caso denominado “Corrupción Sobre Ruedas”, mediante el cual se drenaron más de 11 millones de lempiras del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa).
Explicó que la Unidad Fiscal Especial Contra la Corrupción y la Impunidad del Ministerio Público (UFECIC-MP), en colaboración activa con la Maccih, presentaron una acusación penal ante las autoridades, la cual ha significado siete meses de investigación y la producción de más de 100 elementos de prueba.
Esa es una línea de investigación que surgió del conocido caso Pandora, en ese requerimiento fiscal se acusó a las siguientes personas: Juan Ramón Maradiaga Franco, como gerente administrativo de Banadesa, por delito de abuso de autoridad, por 17 delitos de fraude y por 39 delitos de uso de documentos públicos falsos.
Otro acusado es David Eduardo Handal en condición de gerente financiero de Banadesa, por 17 delitos de fraude y 39 delitos de uso de documentos falsos.
También esta Geovani Ordóñez Espinal como autor de 17 delitos de fraude y a Carlos Josué Romero Puerto autor de 17 delitos de fraude y Carol Vanessa Alvarado Izaguirre, como cómplice necesaria de 18 delitos de fraude.
Además, está Claudia Yamina Noriega González como cómplice de 17 delitos de fraude y Harry Denulfo Herrera Carballo en calidad de gerente administrativo de Casa Presidencial, como responsable por el delito de abuso de autoridad.
“Cabe destacar, que esa acusación ha sido formulada en razón que nos encontramos a exfuncionarios públicos que violando sus deberes de proteger el patrimonio del Estado conformaron una estructura para drenar fondos de Banadesa”, expresó Calderón.
Los funcionarios públicos son David Eduardo Ortiz Handal gerente financiero de Banadesa, Juan Ramón Maradiaga Franco gerente administrativo y Carlos Josué Romero Puerto que era coordinador del proyecto Programa de asignación familiar (PRAF)–Banadesa-Bono Diez Mil.
También se menciona a dos mujeres que participaron como testaferros y no como funcionarias públicas, es decir que como particulares que colaboraron con funcionarios públicos para drenar fondos del Estado.
Al mismo tiempo, se preguntó qué medios utilizaron y por qué se ha denominado este caso “Corrupción Sobre Ruedas”, el medio que se utilizo es Banadesa, el proyecto Bono Diez Mil, ese fue un convenio suscrito el 19 de mayo del 2010 entre el PRAF y Banadesa que tenía como objetivo entregar beneficios a personas de la tercera edad, juvenil y con capacidades especiales.
Para estos hechos se utilizó una empresa de fachada, la empresa de Servicios e Inversiones (AID), que fue creada por las cómplices necesarias Carol Vanessa Alvarado y Claudia Yamila para el manejo de fondos que estaban destinados para el financiamiento de campañas políticas y fines personales que presta servicios.
La investigación señala que los involucrados gastaron 11,401,151 lempiras en 104 créditos, desde el 4 de julio del 2013 a mayo del 2014.
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